La Xunta reparte 2,6 millones en 59 convenios con los grandes medios gallegos basándose en el “interés general”

En poco más de año y medio, las consellerías firmaron 59 convenios para la publicación de campañas y contenidos periodísticos relativos a sus ámbitos competenciales, reservándose el derecho a hacer observaciones en los contenidos.
alfonso rueda consello xunta
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.
22 ene 2025 12:45

Desde hace años, la Xunta de Galicia viene construyendo su propio modelo de financiación de los medios de comunicación afines. La partida más conocida, y la única en la que hay cierta concurrencia, es la de ayudas a empresas periodísticas que cada fin de año reparte dos millones a los grandes grupos mediáticos bajo unos requisitos determinados por la propia Xunta.

A partir de ahí, existen otras vías que permiten repartir más dinero con menos control, incluso a través de acuerdos a dedo que no permiten ni fiscalización ni participación externa. Antes de las elecciones gallegas, por ejemplo, la Xunta destinaba unos 15.000 euros diarios a contenidos periodísticos a través de más de más de 700 contratos menores.

La Voz de Galicia recibió 1,68 millones de euros de estos convenios, un 63% de los 2’64 millones totales.

Otro método estandarizado desde hace años en San Caetano es la firma de convenios en los que la Xunta, argumenta, “quiere colaborar apoyando a labor que llevan a cabo los grandes grupos de comunicaciones gallegos de prensa escrita”, basándose en que se trata de una “actuación singular y de interés general, por lo que no resulta posible promover la concurrencia en convocatoria pública”. Justifican de este modo uno reparto sin ningún tipo de control más allá de su propio criterio. Tan sólo en año y medio, 59 convenios y 2,64 millones de euros.

¿Cómo funcionan los convenios de colaboración?

Para la Xunta, la figura del convenio de colaboración es “idónea”, según sus propios documentos y memorias. Por una parte, no están sujetos a IVA, ya que las actividades de los acuerdos no suponen una prestación de servicios, sino que están basadas en un supuesto “interés general” y en la inexistencia de ánimo de lucro económico de las partes. 

La Xunta defiende que los acuerdos “no suponen en ningún caso publicidad institucional”, a pesar de recoger actividades como la publicación de banners de la Xunta

La descripción de las actividades coinciden en muchos casos con servicios propios de la publicidad institucional o de contenidos que la Xunta también encarga mediante contratos de patrocinio. Son ejemplos de esto objetos como “publicar tres páginas sobre materias competenciales de la Consellería” o la “difusión de banners de distintas campañas”. A pesar de esta similitud, el gobierno gallego defiende en los propios convenios que los acuerdos “no suponen en ningún caso publicidad institucional”, que por ley estarían sujetos a otro tipo de contratos administrativos. 

Además, explican que la Xunta “financia la actividad de difusión informativa (…) como una forma de participación en el coste financiero del producto objeto de difusión, dado que la actividad de promoción de la empresa editorial coincide con los fines de la Xunta de Galicia.” Es decir, el gobierno gallego paga al medio por elaborar el producto sobre sus “materias competenciales” y por la difusión de sus banners, pero defiende no obtener retorno publicitario de esas acciones.

La interpretación de la Xunta de esta figura es un ejemplo más del cuestionamento que hacía en 2010 Tribunal de Cuentas por la falta de una definición clara de un marco legal para diferenciar los convenios de colaboración de las subvenciones o de las inversiones. Advertía de que en muchos casos, “bajo la aperiencia formal de convenios de colaboración, se tramitaron auténticos contratos administrativos, eludiendo la aplicación de la legislación contractual”.

Los convenios obligan la que las periodistas que realizan los contenidos “tengan en consideración” las aportaciones y observaciones de la Xunta, quien financia esos mismos contenidos

Conflicto periodístico

Otra de los características de estos convenios es su posible condicionamiento en la línea editorial de las piezas periodísticas que encarga. En muchos de ellos se explicita que el medio tiene el deber de “poner en conocimiento de la ciudadanía los programas de la Xunta de Galicia” o “promover el conocimiento de las iniciativas y convocatorias de ayudas de la Consellería”. Además, recogen que el gobierno gallego “podrá formular en relación con los datos e informaciones, las observaciones que considere pertinentes con el fin de garantizar la objetividad y veracidad de estos, las cuales deberán tenerse en consideración”.

A pesar de la obligación a las periodistas de tener en consideración las observaciones de la Xunta, se acuerda que serán los medios los que fijen la línea editorial de los contenidos, “no pudiendo la Consellería determinar el contenido concreto de la información publicada.” De este modo, queda en manos del medio de comunicación qué implica esa toma en consideración de las observaciones proporcionadas por la Xunta, pagadora de las informaciones.

Promover el gallego o apoyar proyectos industriales

Cada Consellería firma uno o varios convenios con cada grupo mediático, así hasta los 59 convenios firmados entre marzo de 2023 y octubre de 2024. Por ejemplo, la Consellería de Cultura e Lingua paga a 300.000 euros a La Voz de Galicia o 42.000 la LaRegión, para “potenciar el uso del idioma gallego”, obligando la que “transcriban literalmente en el periódico las entrevistas y declaraciones hechas en gallego”, empleen el gallego en un mínimo de piezas, refuercen el uso del gallego en los suplementos y publiquen más contenidos en gallego en los periódicos del Día das Letras Galegas y del Día Nacional de Galiza.

Otro ejemplo. Algunos de los convenios de Economía e Industria tienen como objetivo la publicación de “información relacionada con estrategias, programas y/o iniciativas de la consellería”. Se busca dar a conocer “las iniciativas que se desarrollan en materia de innovación, apoyo y consolidación del tejido empresarial y transición energética” y “contribuir a la divulgación de iniciativas y proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología, la industria y el comercio”. Estos objetivos tan ambiguos podrían permitir, por ejemplo, contenidos en apoyo a proyectos industriales. Además, en algunos convenios se determina también el número de piezas a realizar, como La Voz de Galicia, que tiene que publicar cinco monográficos de ocho páginas y tres ‘cafés de redacción’ sobre temas relacionados con la Consellería.

Todo por el interés general

Cada Consellería escoge un interés general para sus convenios que justifique cada colaboración, y que debe ser asumido por cada uno de los medios. El interés de los convenios de la Consellería de Cultura e Lingua, por ejemplo, es “contribuir a la normalización del idioma gallego”. 

Industria considera de interés general que la ciudadanía y los sectores económicos “tengan una percepción mejor de la situación económica y laboral, de las actividades desarrolladas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y de los resultados que de ellas se derivan”. En el caso de las colaboraciones promovidas por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, la Xunta define que los convenios “contribuyen a hacer efectivos a libertad de expresión y el derecho de información”, sin explicar de qué manera esto es así.

Los planes de medios

Con todo, ni las ayudas a empresas periodísticas ni estos modelos de financiación a dedo están cerca de las cantidades que suponen para la prensa los planes de medios licitados cada año por la Xunta. En estecaso, cada Consellería encarga a agencias especializadas, sin monitorización posible en su ejecución y bajo la supervisión del gobierno, el reparto de decenas de millones de euros. 

En la última semana de 2024 la Xunta licitó los planes de medios de 2025 y 2026 de cinco Consellerías por un valor de más de 15 millones. No tendremos información de qué medios recibirán ese dinero, ya que sigue sin existir regulación al respeto.

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